Basándonos en el análisis del modelo agrícola boliviano que revela el artículo, y partiendo de la premisa de que hay dos «Bolivias» (la agroindustrial y la campesina), las soluciones no pasan por negar una realidad, sino por regularla drásticamente y potenciar la otra. La clave es pasar de un modelo de monocultivo tóxico a un bi-modelo agrícola con coexistencia estrictamente regulada y un giro radical en las prioridades de inversión.
Aquí tienes propuestas concretas estructuradas en tres ejes:
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1. Regular con Dureza al Sector Agroindustrial (Condicionar, no Prohibir)
Dado que la soya transgénica es un hecho consumado y un pilar de exportación, las soluciones deben enfocarse en minimizar su daño colateral y romper la puerta giratoria entre el Estado y el agronegocio.
· Bioseguridad con control social y científico real: Exigir que el Comité Nacional de Bioseguridad funcione con total transparencia, incluyendo a científicos independientes, representantes de la salud pública y comunidades afectadas, no solo a funcionarios y productores. Cualquier nuevo evento transgénico debe pasar por una Evaluación de Impacto en Salud y Ambiente con audiencias públicas vinculantes.
· Internalización del costo ambiental: Los agroexportadores deben pagar por la externalidad que generan. Se puede implementar un canon a la exportación de soya transgénica, cuya recaudación se destine exclusivamente a un fondo fiduciario para la restauración de suelos degradados y reforestación, atacando directamente el problema del abandono del 20% del área sojera cada año.
· Trazabilidad total «del campo al puerto»: Para poder exportar, el productor debe demostrar que su soya no proviene de áreas deforestadas ilegalmente. Esto implica un sistema público de georreferenciación satelital de cultivos, gratuito y obligatorio, que blinde a Bolivia frente a las regulaciones europeas sobre deforestación importada.
· Prohibición progresiva de los agrotóxicos más peligrosos: Establecer un cronograma vinculante para la prohibición de plaguicidas ya vetados en la Unión Europea (como los 13 mencionados por la FAO). El glufosinato de amonio debe entrar en revisión inmediata antes de permitir su importación masiva bajo el argumento del «paquete HB4».
2. Un «Pacto de Estado» por la Agricultura Campesina (que Produce el 96% de la Canasta Básica)
El desequilibrio es grosero: el Estado dedica sus mayores esfuerzos a un sector que no alimenta a los bolivianos. La solución estructural es un vuelco en la inversión, la asistencia técnica y el acceso a mercados.
· Etiquetado claro y obligatorio: Implementar una ley de etiquetado frontal alimentario que, además del contenido nutricional, identifique con un sello claro si el producto contiene o deriva de organismos genéticamente modificados (OGM) y/o agrotóxicos. Esto no es solo un derecho del consumidor, es un estímulo de mercado para la agricultura limpia.
· Compras públicas a la agricultura familiar: Establecer por ley que un porcentaje mínimo (por ejemplo, 30%) de la compra de alimentos para el desayuno escolar, hospitales, cuarteles y programas sociales provenga directamente de cooperativas campesinas e indígenas con certificación agroecológica. Esa demanda asegurada les daría una estabilidad que no tienen.
· Crédito diferenciado y asistencia técnica masiva: Crear una «banca de fomento agroecológico» con tasas subsidiadas que financie la transición de una agricultura dependiente de químicos a una diversificada. La asistencia técnica debe basarse en los «pisos ecológicos», recuperando saberes locales sobre semillas nativas resilientes al clima, como propone la investigadora Elizabeth Vargas.
· Seguro agrícola contra climas extremos: La soya HB4 se vende como «resistente a la sequía». La alternativa para el campesinado es un seguro agrícola universal y estatal que cubra las pérdidas por sequía, inundación o helada, eliminando el miedo que los empuja a adoptar paquetes tecnológicos de alto riesgo.
3. Restituir la Institucionalidad y la Gobernanza Ambiental
· Romper la puerta giratoria: Establecer por ley un periodo de incompatibilidad de al menos 4 años para que un exministro de Desarrollo Rural o exdirectivo de ANAPO no pueda ocupar un cargo de dirección en el otro sector inmediatamente después.
· Fiscalización activa y no cómplice: Dotar a los institutos de control (como el SENASAG) de laboratorios descentralizados con capacidad real de hacer los análisis de residuos de plaguicidas en alimentos y en personas. Los resultados no pueden ser un dato académico, sino la base para sanciones ejemplares y prohibiciones de venta.
· Moratoria a la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía: Un límite claro y legalmente vinculante que detenga la deforestación para nuevos cultivos de soya, priorizando en su lugar la recuperación de los suelos abandonados. Esto ataca el corazón del modelo que prefiere deforestar antes que mejorar la productividad.
En síntesis, la solución no es una guerra total contra los transgénicos, sino forzar su coexistencia en términos de justicia. Que el sector agroindustrial cargue con el peso de sus propios pasivos ambientales y de salud, mientras el Estado nivela la cancha invirtiendo masivamente en quienes realmente sostienen la seguridad alimentaria del país.
